ABSTRACT
El problema del acceso a los medicamentos, y en particular su impacto creciente sobre las finanzas de los sistemas de salud, se ubica entre los de alta prioridad en buena parte de los países del mundo. A una situación de inequidad que ya existía, se suma hoy en día la irrupción de una nueva generación de medicamentos con una efectividad que todavía es objeto de debate y cuyo elevadísimo costo es una amenaza grave para la estabilidad de los sistemas y la sustentabilidad de las políticas. Además de compartir la situación de la mayor parte de los sistemas del mundo, Uruguay tiene algunas características adicionales. En primer término, existe un elevado nivel de cobertura del sistema de salud con tasas de uso de los servicios mayores a las que suelen encontrarse en países de ingresos medios. Al mismo tiempo, el nivel educativo y el acceso a la información son altos en el Uruguay; se trata de una sociedad bastante medicalizada y el contexto cultural tiende a ver en las organizaciones públicas o estatales una garantía de acceso a prestaciones casi ilimitadas. A lo mencionado se agrega que existe un sistema por el cual la incorporación de un nuevo tratamiento o tecnología, significa su rápida universalización. Ya sea porque se define su obligatoriedad para los prestadores o porque se incluye en el Fondo Nacional de Recursos (FNR), la población accede rápidamente y con mínimas restricciones a estos tratamientos en forma universal. En efecto, el sistema de salud en Uruguay es un modelo garantista de derechos. Esta característica que constituye una notoria fortaleza del sistema en términos éticos, sanitarios y como valor social, obliga a evaluar más cuidadosamente la sustentabilidad de cualquier decisión que se adopte en temas de cobertura de salud de salud ya que fácilmente pueden volverse insostenibles en el tiempo. El tema plantea por lo tanto un doble desafío: sólo se deben incorporar tratamientos y tecnologías que cuenten con evidencia que los respalde y al mismo tiempo se debe contar con un sistema de gestión suficientemente sólido para asegurar que su uso se realice sólo ajustado a la evidencia.